Proyecto de ley de intervención económica por medio de la cual se señalan los mecanismos por los cuales se adoptan en Colombia los estándares internacionales de contabilidad, auditoría y contaduría, se modifican el Código de Comercio, la normatividad contable y se dictan otras disposiciones relacionadas con la materia.

El Congreso de Colombia

Decreta:

Título I                 

DE LOS FINES, ALCANCES Y LÍMITES DE LA INTERVENCIÓN

Artículo 1.               Ámbito de aplicación de la Ley de intervención: La presente ley debe ser aplicada por los entes económicos, con el fin de que procedan en sus actividades de acuerdo con prácticas de buen gobierno y que reconozcan, preparen, presenten, revelen y sometan a procedimientos de credibilidad, en igualdad de condiciones, su información financiera.

Esta ley se aplicará igualmente por los entes del sector público, conforme a las instrucciones que les imparta el Contador General de la Nación en los términos señalados en la presente ley.

Parágrafo 1: Se entiende por ente económico la actividad económica organizada como una unidad, respecto de la cual se predica el control de los recursos. El ente debe ser definido e identificado en forma tal que se distinga de otros entes. En el concepto de ente se incluyen, entre otros, las personas, los contratos de riesgo compartido, las sociedades de hecho, los contratos de cuentas en participación, los patrimonios autónomos, los consorcios, las uniones temporales, los grupos económicos, las combinaciones de negocios y similares, las empresas comerciales e industriales del Estado, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios y las sociedades de economía mixta. El Gobierno Nacional podrá, mediante normas de carácter general, predicar la calidad de ente económico a cualquier actividad que cumpla con las características señaladas en el presente parágrafo.

Parágrafo 2: Para los efectos de la presente ley, se entienden por entes del sector público, siempre y cuando hagan parte del balance general del sector público, las entidades, organismos, corporaciones, unidades u otros organismos que conforman las distintas ramas del poder público del nivel central o descentralizado de los órdenes nacional o territorial; las entidades de control; los organismos electorales; las entidades y organismos estatales sujetos a régimen especial; y cualquier otra entidad que maneje o administre recursos públicos y sólo en lo relacionado con éstos. En todo caso, la calidad de ente del sector público no se predicará de aquellas entidades señaladas en el parágrafo anterior, ni de aquellas a quienes el Gobierno Nacional les haya reconocido la calidad de entes económicos.

Artículo 2.               Fines de la intervención del Estado en la economía: El Estado intervendrá en la economía conforme a los mandatos de la presente ley, bajo el marco de lo dispuesto en los artículos 333, 334 y 335 de la Constitución Política, con el fin de:

1.    Desarrollar un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible y no discriminatorio;

2.    Fortalecer el sistema de información de los entes económicos y aumentar su efectividad en la prevención y solución de crisis;

3.    Promover el buen gobierno de las empresas, mediante la adopción y observancia de códigos de conducta que se orienten a asegurar que se presenta la información de manera precisa y de modo regular acerca de todas las cuestiones materiales referentes a la situación financiera de la entidad;

4.    Desarrollar, en el interés público, un solo conjunto de alta calidad, comprensible y exigible, de estándares de contabilidad de aceptación mundial que permita que la información de los estados financieros de propósito general sea transparente y comparable;

5.    Procurar un aumento de la credibilidad de la información financiera mediante su verificación por un profesional independiente y cualificado, en forma tal que contribuya al establecimiento y funcionamiento eficiente de los mercados financieros; y,

6.    Servir al interés público y contribuir al fortalecimiento de la economía mediante el desarrollo de la profesión contable, el establecimiento de estándares de alta calidad y la promoción de la convergencia de los estándares nacionales con los internacionales.

Para tales efectos, en los términos de la presente ley, se adoptarán estándares internacionales, desarrollados por la comunidad internacional, en especial por el sistema de Naciones Unidas, como un conjunto de principios, criterios y buenas prácticas relacionados con la contabilidad, la auditoría y la contaduría.

Artículo 3.               Instrumentos de la intervención del Estado en la economía: Para la obtención de los fines de la intervención el Gobierno Nacional intervendrá en las actividades señaladas en la presente Ley, teniendo presente el principio de escalabilidad previsto en esta Ley, por medio de normas de carácter general para:

1.    Determinar los sujetos obligados a llevar contabilidad y a someter sus estados financieros a auditoría;

2.    Determinar los libros de comercio obligatorios para el correcto entendimiento de los estados financieros;

3.    Determinar los libros que deberán registrarse en el registro mercantil, los requisitos de tal registro, la entidad ante quien se debe cumplir la diligencia correspondiente y las condiciones de consulta de tales registros;

4.    Determinar las reglas que deberán observarse para la conservación, consulta, reproducción y destrucción de los libros, comprobantes, registros y soportes.

Parágrafo transitorio: La normatividad que expida el Gobierno Nacional en uso de las facultades aquí concedidas, se sujetará a lo preceptuado en el régimen de transición establecido en el artículo 37 de la presente ley.

Artículo 4.               Alcances de la intervención del Estado en la economía: La aplicación de los estándares que se adoptan de conformidad con la presente ley, sus efectos, régimen de transición y entrada en vigencia, se realizará en la aplicación del principio de escalabilidad definido en el numeral 3 del artículo 7 de la presente Ley. Para tales efectos, los entes económicos se clasifican de la siguiente manera:

a)    Nivel Uno (1): los entes económicos que tengan valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, o el que haga sus veces, en las bolsas de valores o bolsas de productos agropecuarios o agroindustriales y los entes vigilados por las Superintendencias Bancaria, de Valores y de Servicios Públicos Domiciliarios.

b)    Nivel Dos (2): los entes económicos que según el criterio legal establecido para clasificar a las empresas por su tamaño cumplieren con los requisitos para ser clasificadas como grandes y medianas empresas, siempre que no correspondan, en uno y otro caso, a entes del nivel uno de escalabilidad.

c)    Nivel Tres (3): los entes económicos que según el criterio legal establecido para clasificar a las empresas por su tamaño cumplieren con los requisitos para ser clasificadas como pequeñas empresas o microempresas.

Parágrafo 1: El Gobierno Nacional podrá determinar que un ente económico en particular pertenezca a un nivel superior de la clasificación, cuando la actividad desarrollada por éste tenga el carácter de interés público.

Parágrafo 2: El Contador General de la Nación determinará los niveles de escalabilidad propios de los entes del sector público, así como los entes que formen parte del respectivo nivel.

Parágrafo 3: Los entes económicos, incluso los del sector público, podrán reducir su nivel de ubicación cuando de forma estable y duradera descienda su nivel de desarrollo, conforme los criterios establecidos en el presente artículo.

Parágrafo 4: El criterio legal establecido para clasificar a las empresas por su tamaño será el señalado en la Ley 590 de 2000 o las normas que la modifiquen, adicionen o reemplacen.

Parágrafo 5: El organismo nacional competente para determinar la adopción de un estándar internacional podrá establecer criterios especiales para los entes económicos asimilados a las microempresas, según lo señalado en el literal c) del presente artículo.

Artículo 5.               Definición de estándar internacional: Se entiende por estándar internacional el marco conceptual, la declaración de principios, las reglas y el criterio que, fruto del debido proceso, es expresado por un organismo internacional competente, reconocido en los términos de la presente ley, con el fin de señalar la calidad y la técnica admisibles de una actividad. Para los efectos de esta Ley se tendrán en cuenta como tal los marcos conceptuales, declaraciones de principios, reglas y estándares internacionales de contabilidad, auditoría y contaduría.

Artículo 6.               Límites a la libertad económica: La intervención económica realizada de conformidad con la presente Ley, impone obligaciones a las autoridades públicas, a los entes económicos, a sus administradores, propietarios o controlantes, a quienes ejercen la profesión contable, a las entidades técnicas y disciplinarias de la industria contable y al público en general.

Título II              

DE LA ADOPCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES

Capítulo Uno       

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 7.               Principios rectores de la adopción de los estándares internacionales: La adopción y aplicación de los estándares internacionales se regirá por los siguientes principios rectores:

1.    Autonomía: Para garantizar que la adopción y aplicación de los estándares internacionales sea efectiva, la estructura que los respalda deberá cumplir la condición básica de autonomía entre quien decide la adopción de los estándares, el supervisor de la aplicación de los estándares y quien los aplica.

2.    Independencia entre lo contable y lo tributario: Las normas de carácter tributario no tendrán efecto en información distinta de la emitida para propósitos fiscales. En sus estados financieros y demás mecanismos de revelación, los entes económicos harán los reconocimientos, las revelaciones e incluirán las conciliaciones previstas en los estándares de contabilidad. Para los efectos fiscales la información financiera deberá ser preparada según como se determine en las reglas tributarias aplicando las reglas contables únicamente cuando no existan normas tributarias que regulen dicha información, o cuando las normas tributarias remitan expresamente a las contables.

3.    Escalabilidad: Se reconocerá el nivel de desarrollo de los entes económicos y del sector público y se garantizará que su sistema de información financiera evolucione en la medida en la cual se modifique dicho nivel.

4.    Homogeneidad: Toda la regulación relacionada con la contabilidad, la auditoría y la contaduría respetará los estándares internacionales que sean reconocidos en los términos de la presente Ley. En consecuencia, todas las reglas, incluso las normas técnicas y las normas propias de cada industria, estarán subordinadas formal y materialmente a tales estándares, en los términos y condiciones señalados en la presente ley.

5.    Neutralidad: La información financiera deberá revelar la realidad económica del ente que la emite y deberá estar libre de cualquier dato o sesgo que no corresponda con los hechos económicos comprobables. En ningún caso se hará primar la forma sobre la esencia.

6.    Debido proceso: Los estándares internacionales de contabilidad, auditoría y contaduría deben ser fruto de un procedimiento formal de elaboración, discusión y aprobación del estándar y sus interpretaciones, que garantice su carácter técnico así como la participación de todas las partes interesadas.

7.    Declaración explícita: A partir del vencimiento del término señalado en el artículo 35,  todos los estados, reportes o informes financieros que se pongan a disposición de terceros deberán contener una declaración explícita respecto de si cumplen o no los estándares adoptados. Sólo se podrá declarar que la información cumple con dichos estándares cuando estos se observen íntegramente. Tal declaración será preparada y por ella responderán el representante legal, el Contador Profesional Acreditado, los encargados de la preparación, presentación y revelación de la información y el auditor de estados financieros.

Artículo 8.               Reconocimiento de los estándares internacionales y de sus emisores: Por haber sido reconocidos por la comunidad internacional a través del sistema de Naciones Unidas (ONU) y ser entidades técnicamente competentes, para los efectos de la presente ley se reconocen los estándares internacionales y los emisores que se señalan a continuación:

1.    Respecto de los estándares internacionales de contabilidad:

a).  Para los entes económicos del nivel uno (1) de escalabilidad, se reconoce como emisor de estándares internacionales a la International Accounting Standards Board (IASB) (Junta de Estándares Internacionales de Contabilidad), o quien la reemplace, y sus estándares emitidos bajo la denominación técnica International Financial Reporting Standards (IFRS) (Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF) y los denominados International Accounting Standards (IAS) (Normas Internacionales de Contabilidad – NIC), así como sus interpretaciones relacionadas, las subsecuentes enmiendas a esos estándares e interpretaciones relacionadas, emitidos o adoptados por la International Accounting Standards Board (IASB).

b).  Para los entes económico de los niveles dos (2) y tres (3) de escalabilidad, y hasta tanto la International Accounting Standards Board (IASB) (Junta de Estándares Internacionales de Contabilidad) o quien la reemplace defina los estándares internacionales de contabilidad para dichos entes, el Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting (ISAR) (Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes) de la United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) o quien lo reemplace, y sus estándares emitidos bajo la denominación técnica Accounting and Financial Reportiing Guidelines for Level II (Directrices para Reporte Financiero y Contable para en Nivel II) así como sus interpretaciones relacionadas, las subsecuentes enmiendas a esos estándares e interpretaciones relacionadas, emitidos o adoptados por Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting (ISAR).

c).  Para los entes del sector público, el Public Sector Committee (PSC) (Comité del Sector Público) de la International Federation of Accountants (IFAC) (Federación Internacional de Contadores), o quien lo reemplace, y sus estándares emitidos bajo la denominación técnica International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) (Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – NICSP),así como sus interpretaciones relacionadas, las subsecuentes enmiendas a esos estándares e interpretaciones relacionadas, emitidos o adoptados por el Public Sector Committee (PSC).

2.    Respecto de los estándares internacionales de auditoría:

a).  Para la auditoría de estados financieros de los entes económicos la International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) (Junta de Estándares Internacionales de Auditoría y Fiabilidad) de la International Federation of Accountants (IFAC) (Federación Internacional de Contadores), o quien la reemplace, y sus estándares emitidos bajo la denominación técnica International Standards on Quality Control, Auditing, Assurance and Related Services (ISQCAARS) (Normas Internacionales de Control de Calidad, Auditoría, Aseguramiento y Servicios Relacionados – NICCAASR) y particularmente los denominados International Standards on Auditing (ISA) (Normas Internacionales de Auditoría – NIA), las subsecuentes enmiendas a esos estándares, y los futuros estándares, emitidos o adoptados por el International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

b).  Para la auditoría interna en los entes económicos el Institute of Internal Auditors (IIA) (Instituto de Auditores Internos) o quien lo reemplace, y sus estándares emitidos bajo la denominación técnica International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (ISPPIA) (Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna – NIEPAI), las subsecuentes enmiendas a esos estándares, y los futuros estándares, emitidos o adoptados por el Institute of Internal Auditors (IIA).

3.    Respecto de los estándares internacionales de contaduría:

a).  En materia de ética profesional de los contadores al Ethics Committee (EtC) (Comité de ética) de la International Federation of Accountants (IFAC) (Federación Internacional de Contadores), o quien lo reemplace, y sus estándares emitidos bajo la denominación técnica Code of Ethics for Professional Accountants (Código de Ética para Contadores Profesionales), así como sus interpretaciones relacionadas, las subsecuentes enmiendas a esos estándares e interpretaciones relacionadas emitidos por el Ethics Committee (EtC).

b).  En materia de calificaciones de los contadores al Education Committee (EdC) (Comité de Educación) de la International Federation of Accountants (IFAC) (Federación Internacional de Contadores), o quien lo reemplace, y sus estándares emitidos bajo la denominación técnica International Education Standards (IES) (Estándares Internacionales de Educación - EIE], así como sus interpretaciones relacionadas, las subsecuentes enmiendas a esos estándares e interpretaciones relacionadas emitidos por el Education Committee (EdC).

c).  En materia de las reglas aplicables a la concurrencia en los mercados de servicios profesionales a la World Trade Organization (WTO) (Organización Mundial de Comercio), o quien la reemplace, y los acuerdos de comercio de servicios profesionales de contabilidad ratificados por el Congreso de la República.

Parágrafo 1: Se reconoce la existencia de un código de ética y de estándares de auditoría para el sector gubernamental, emitidas por la International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) (Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores). Estos estándares serán obligatorios en la medida en la cual sean adoptados por el Contralor General de la República.

Parágrafo 2: El Gobierno Nacional podrá reconocer la competencia técnica de un organismo internacional para la emisión de estándares internacionales que reemplace o adicione los mencionados en el presente artículo, así como para modificar la denominación técnica de sus estándares, siempre que aquél sea reconocido por la comunidad internacional a través del sistema de Naciones Unidas (ONU).

Artículo 9.               Organismo nacional competente para determinar la adopción del estándar internacional: En el marco de lo dispuesto en los artículos 150 numeral 21, 189 numeral 24, 333, 334 y 335 de la Constitución Política, el Estado intervendrá en la economía asignando las funciones y reconociendo como técnicamente competentes para determinar la adopción del estándar internacional en los términos de la presente ley, y en consecuencia, decidir acerca de la adopción de los estándares internacionales de contabilidad, auditoría y contaduría, a los siguientes:

1.    El Gobierno Nacional, mediante normas de carácter general, sobre los estándares internacionales de contabilidad, auditoría y contaduría que deberán cumplir todos los entes económicos.

2.    El Contador General de la Nación, sobre los estándares internacionales de contabilidad que deben regir en el país para los entes del sector público.

3.    El Contralor General de la República, sobre el código de ética y los estándares de auditoría para el sector gubernamental.

Parágrafo: El Contador General de la Nación, el Contralor General de la República y cualquier otra entidad definida como competente para realizar procesos de adopción, deberán establecer los mecanismos internos idóneos que les permita asegurar la observancia del principio de autonomía consagrado en el numeral 1 del artículo 7 de la presente ley.

Artículo 10.            Mecanismo de adopción: La adopción de estándares internacionales, conforme lo señalado en el artículo 9 de la presente ley, se realizará mediante un procedimiento público que permita la efectiva participación y discusión de cualquier persona interesada en su adopción.

Sin perjuicio de la participación directa prevista por los organismos competentes, el organismo nacional competente para determinar la adopción del estándar presentará ante el emisor de estándares internacionales las observaciones y comentarios fruto de la deliberación interna. Para tal efecto participará en las discusiones, difundirá sus estudios y borradores para exposición, promoverá su análisis, sistematizará los comentarios y observaciones de los interesados, comunicará la posición del Estado colombiano, difundirá los estándares aprobados y trasmitirá las inquietudes relacionadas con la proposición de nuevos estándares.

Emitido por el organismo internacional un estándar, el organismo nacional competente para su adopción presentará al público en general una propuesta de adopción debidamente motivada y dispondrá un término para recibir comentarios y observaciones de los interesados. El organismo nacional no podrá modificar los estándares ni adoptarlos en forma parcial; solo podrá posponer su entrada en vigencia, cuando el estándar sea contrario a los fines, principios, objetivos y requisitos señalados en la presente Ley o en normas superiores, caso en el cual informará de ello al organismo emisor internacional y procurará su modificación.

La incorporación de un estándar internacional se realizará mediante la emisión de un decreto, acuerdo o resolución, según como corresponda, que adopte el estándar correspondiente, de forma completa y en lenguaje castellano, el cual deberá ser motivado y será obligatorio en virtud de su promulgación. Su entrada en vigencia iniciará, cuanto menos, en el periodo contable posterior al de su promulgación. Los estándares incorporados en virtud del mecanismo de adopción señalado en el presente artículo, serán susceptibles de control de legalidad ante la jurisdicción contenciosa administrativa por desconocer los fines, competencias, principios, alcances y límites de la intervención económica y los objetivos y requisitos señalados en la presente Ley.

Parágrafo 1: El Gobierno Nacional reglamentará los términos que deberán observarse para garantizar el debido proceso en el mecanismo de adopción señalado en el presente artículo.

Parágrafo 2: La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, o el organismo responsable del diseño y manejo de la política tributaria, analizará el impacto de los estándares adoptados y deberá proponer al Gobierno Nacional la presentación de proyectos de ley cuya aprobación sea necesaria para salvaguardar dicha política.

Parágrafo transitorio: Los estándares internacionales que hayan sido emitidos por el emisor de estándares internacionales al momento de entrada en vigencia de la presente ley entrarán a regir conforme lo señalado en el artículo 35 de la presente ley. Sobre ellos, el organismo nacional competente para determinar la adopción del estándar internacional solo podrá señalar un plazo de adopción posterior a dicha fecha, conforme lo señalado en el inciso tercero del presente artículo, y con una anterioridad no inferior a un (1) año.

Artículo 11.            Emisión de normas derivadas: Los organismos nacionales competentes para determinar la adopción de los estándares internacionales mencionados en el artículo 9 de la presente Ley, podrán emitir reglas generales de contabilidad, auditoría o contaduría, según el ámbito de su competencia, de manera subsidiaria y subordinada a los estándares internacionales de contabilidad, auditoría y contaduría adoptados conforme la presente Ley.

Del mismo modo, los organismos encargados de la supervisión de entes económicos, podrán emitir reglas propias de la industria o sector al que pertenezcan los entes bajo su competencia, de manera subsidiaria y subordinada a lo señalado en los estándares internacionales de contabilidad, auditoría o contaduría y en las reglas generales establecidas por el Gobierno Nacional.

Capítulo Dos        

DE LA ADOPCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD

Artículo 12.            Objetivos de la adopción de los estándares internacionales de contabilidad: La adopción de los estándares internacionales de contabilidad, conforme a los términos de la presente ley, debe procurar la realización de los siguientes objetivos:

1.    Adoptar, para el interés público, un único conjunto de normas generales de contabilidad de alta calidad, comprensibles y de obligatorio cumplimiento, que exijan información comparable y transparente en los estados financieros y en otro tipo de información financiera, con el fin de ayudar a los participantes y usuarios de la información financiera, en la toma de sus decisiones económicas; y,

2.    Promover el uso y aplicación rigurosa de tales normas.

Artículo 13.            Requisitos para la adopción de los estándares internacionales de contabilidad: Para la adopción de un estándar internacional de contabilidad, es necesario que el estándar cumpla con los siguientes requisitos:

1.    Que reconozca que el propósito general de los estados financieros que un ente económico prepara y presenta con la periodicidad indicada, es revelar las necesidades comunes de información de los diferentes usuarios en la toma de sus decisiones económicas;

2.    Que la información producida según el estándar cumpla con los criterios básicos de transparencia, comparabilidad y calidad de la información en forma tal que sea útil para los usuarios, tanto a nivel nacional como internacional;

3.    Que en ellos se definan los elementos de los estados financieros de acuerdo con sus características económicas o los conceptos para el reconocimiento y medición de los elementos de los estados financieros; y,

4.    Que, fruto de la deliberación, reflexión e intercambio de opiniones sobre el estándar internacional con las partes involucradas, el organismo nacional competente para determinar la adopción concluya que se favorece el interés público y por lo tanto procede su adopción.

Artículo 14.            Fases de la transición: La transición a la adopción de estándares internacionales de contabilidad implica el cumplimiento de las fases de evaluación y de ejecución.

Durante la fase de evaluación los entes económicos y del sector público deberán comunicar a todos aquellos que resultaren afectados por la conversión del proceso que se inicia, indicando la fecha para la cual se espera razonablemente cumplir con la transición. Igualmente, deberán estimar las necesidades de recursos humanos y técnicos necesarios para la conversión, así como el impacto de la transición, incluyendo una descripción de las prácticas contables que deberán ser modificadas, las revelaciones adicionales que se requieran y señalando el efecto que tendrá la transición en el patrimonio, en los ingresos netos y en los flujos de efectivo del ente económico o del sector público.

En la fase de ejecución, los entes económicos y del sector público deberán analizar en detalle las diferencias existentes entre las prácticas y procedimientos que vienen observando y aquellos que correspondan a los estándares internacionales de contabilidad, y adoptarán las medidas adecuadas para realizar la transición, tales como identificar la información contable que deba ser reportada, reconocerán las debilidades que deberán ser eliminadas y determinarán el cronograma de actividades detallado para la recolección, análisis, cuantificación y registro de dicha información.

Parágrafo 1: A los entes económicos del nivel 1 de escalabilidad, la respectiva entidad de supervisión les podrá solicitar información sobre el desarrollo y cumplimiento del proceso de transición señalado en el presente artículo, formular las observaciones a que haya lugar e impartirles órdenes para su efectiva y oportuna realización.

Parágrafo 2: La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o el organismo responsable del diseño y manejo de la política tributaria, podrá establecer con los entes económicos planes de ajuste temporales para el manejo del efecto tributario que pudiere originarse por la adopción de los estándares internacionales de contabilidad. Dichos planes de ajuste estarán destinados a definir los mecanismos y medidas que mantengan el nivel de recaudo frente al impacto tributario que pueda generar la aplicación de la presente ley.

Capítulo Tres      

DE LA ADOPCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE AUDITORÍA

Artículo 15.            Objetivos de la adopción de los estándares internacionales de auditoría: La adopción de los estándares internacionales de auditoría, conforme a los términos de la presente ley, debe procurar la satisfacción de los siguientes objetivos:

1.    Adoptar un conjunto de normas de auditoría, basado en principios, aplicable a todas las labores del auditor, que procuren el más alto grado de calidad y uniformidad de la auditoría, que fortalezca la credibilidad del público en la información financiera auditada y que redunde en una mejor protección de los propietarios, inversionistas, autoridades públicas, acreedores y otros tenedores de valores;

2.    Establecer normas de auditoría que mantengan un grado apropiado de independencia entre el auditor, los administradores del ente y quienes elaboran la información financiera, de tal manera que el auditor pueda actuar de manera objetiva y crítica en el mejor interés público;

3.    Disponer altos niveles de calidad y un conjunto de principios que incluyan sistemas apropiados de control de calidad en la prestación de servicios por parte del auditor, que permitan fortalecer la credibilidad pública, así como corregir y prevenir una calidad inadecuada de la auditoría.

Artículo 16.            Requisitos para la adopción de los estándares internacionales de auditoría: Para la adopción de un estándar internacional relacionado con auditoría, es necesario que el estándar cumpla con los siguientes requisitos:

1.    Que de su aplicación se deduzca que el auditor proveerá un alto, pero no absoluto, nivel de fiabilidad, expresado positivamente en el informe del auditor como una razonable convicción que la información objeto de la auditoría, tomada como un todo, está libre de errores o falsedades materiales;

2.    Que cumpla con criterios básicos sobre calidad y fiabilidad de la práctica para que sea útil para los usuarios, tanto a nivel nacional como internacional; y,

3.    Que, fruto de la deliberación, reflexión e intercambio de opiniones sobre el estándar internacional con las partes involucradas, el organismo nacional competente para determinar la adopción concluya que se favorece el interés público y por lo tanto procede su adopción.

Artículo 17.            Control de calidad del auditor: Con el fin de asegurar una buena calidad de la auditoría de estados financieros que se manifieste en una mayor credibilidad de la información financiera publicada a través del cumplimiento de procedimientos correctos de fiabilidad que proporcione una mejor protección a propietarios, inversores, acreedores y otros tenedores de valores, y que garantice al público en general y a las autoridades públicas, que la actuación del auditor de estados financieros se realiza en un nivel que satisface los estándares internacionales de auditoría, se faculta al Gobierno Nacional para que establezca y reglamente un sistema nacional de acreditación de la auditoría de estados financieros que le permita al auditor certificar la calidad de sus servicios.

La Superintendencia de Sociedades establecerá las normas técnicas o las especificaciones que se consideren como indispensables para evaluar el sistema de control de calidad del ejercicio de la profesión de contaduría como persona jurídica, y para calificar la calidad de los servicios de auditoría de estados financieros. De la misma manera, la respectiva entidad de supervisión de un ente económico del nivel uno (1) de escalabilidad podrá, en coordinación con la Superintendencia de Sociedades, señalar normas técnicas o especificaciones particulares que permitan calificar la calidad de los servicios de auditoría realizada a los entes de su competencia.

El auditor de estados financieros interesado en acreditar sus características de calidad someterá a consideración de la Superintendencia de Sociedades, las pruebas de cumplimiento de las normas técnicas o las especificaciones para que sean evaluadas y pueda procederse a expedir el certificado correspondiente, en caso de ser satisfactorios. La Superintendencia de Sociedades podrá establecer que sea un tercero quien realice la mencionada acreditación, de conformidad con el reglamento que para el efecto le señale el Gobierno Nacional. La acreditación tendrá un término temporal definido por la Superintendencia de Sociedades.

La persona jurídica inscrita como Contador Profesional Acreditado deberá renovar su matrícula ante la Superintendencia de Sociedades de conformidad con el procedimiento señalado en el numeral 2 del artículo 24 de la presente Ley.

El Gobierno Nacional podrá establecer un órgano consultivo de acreditación al cual le defina su reglamento, funciones e integración, dando participación a las entidades de supervisión, representantes gremiales y de la comunidad académica.

Artículo 18.            Mecanismos de control interno: Sin perjuicio de la importancia que los entes económicos le den a sus propios sistemas de control de la gestión y de información sobre riesgos, el Gobierno Nacional podrá establecer la obligación de contar con comités de auditoría y ordenar la institucionalización de la función de auditoría interna en entes económicos del nivel uno (1) de escalabilidad que considere deben cumplir con dichos mecanismos, atendiendo, en todo caso, a las diferentes estructuras societarias de tales entes. En los entes económicos de los niveles dos y tres tales mecanismos de control serán de carácter voluntario, dependiendo de sus respectivas necesidades, circunstancias e intereses:

1.    El comité de auditoría será responsable de sus recomendaciones o nominaciones y tendrá como funciones, entre otras, asegurar que la información financiera y la auditoría cumplen con los términos señalados en la presente ley, presentando informes al respecto y, en todo caso, reportando su incumplimiento. También será responsable de ejercer un control interno eficaz y de resolver la posición que ha de adoptar el ente económico ante los desacuerdos entre la administración del ente y el auditor en relación con la información financiera.

Los miembros del comité de auditoría serán nombrados por la junta directiva, consejo directivo o el que haga sus veces, y ratificados por la asamblea o junta de socios. El comité de auditoría cumplirá sus funciones como órgano de apoyo dependiente de la junta directiva, consejo directivo o el que haga sus veces, de tal manera que le sirva de soporte en la toma de decisiones. El Gobierno Nacional expedirá las normas generales sobre la conformación de los comités de auditoría, señalando, entre otras, los grupos de interés que allí deben estar representados.

2.    El auditor interno tendrá a su cargo, cuanto menos, la evaluación de los sistemas de control interno y del cumplimiento de los códigos de buen gobierno expedidos por el ente respectivo. Así mismo, le compete verificar la adecuada evaluación de los riesgos de negocio por parte del ente económico.

La auditoría interna deberá ser ejercida según estándares reconocidos internacionalmente para auditoría interna y reportará al comité de auditoría, si lo hubiere, o en caso contrario a la junta de socios o al organismo que haga sus veces. Las funciones de auditoría interna serán asumidas por la persona nombrada por el comité de auditoría, y ratificado por la asamblea o junta de socios, para lo cual no se requerirá que aquella tenga alguna profesión en particular, siempre que cumpla con los requisitos de idoneidad profesional y moral que determinan los estándares internacionales sobre auditoría interna.

3.    En todo caso, la responsabilidad por los mecanismos de control interno y en general por todos los controles internos, es de los administradores de los entes. Los auditores, tanto independientes como internos, deberán evaluar dichos controles internos e incorporar tal evaluación en sus informes de auditoría.

Artículo 19.            Independencia del auditor de estados financieros: Para asegurar la independencia de los auditores de estados financieros, fundamental para la confianza pública en la fiabilidad de los informes que éstos emiten; y para aumentar la credibilidad a la información financiera publicada y agregar valor a inversionistas, acreedores, empleados, autoridades públicas y demás interesados en la información financiera, los auditores deberán cumplir con las siguientes prescripciones:

1.    El auditor de estados financieros, la firma de auditoría o la red de firmas, a la cual se encuentre vinculado, no podrán proveer servicios de consultoría o de asesoría tributaria a las compañías que auditan. Del mismo modo, las personas naturales que desempeñen labores de auditoría en firmas o en Contadores Profesionales Acreditados como personas jurídicas, no podrán prestar tales servicios ni podrán ser contratadas por los entes económicos auditados durante el año siguiente a la terminación del contrato de auditoría.

2.    El auditor de estados financieros será designado por el Comité de Auditoría para un periodo fijo no menor a dos (2) años ni mayor a cinco (5), sin posibilidad de renovación. La remuneración que reciba el auditor de estados financieros deberá ser pactada en su totalidad al inicio de sus actividades, y en ella no se podrán prever pagos adicionales derivados del resultado de la auditoría.

3.    El auditor de estados financieros cesará el ejercicio de sus funciones por cualquiera de las causas siguientes: expiración del plazo, incapacidad sobreviniente, violaciones al régimen disciplinario o administrativo a criterio del comité de auditoría, o por renuncia.

Capítulo Cuatro                      

DE LA ADOPCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CONTADURÍA

Artículo 20.            Objetivos de la adopción de los estándares internacionales de contaduría: La adopción de los estándares internacionales de contaduría, conforme a los términos de la presente ley, debe procurar el cumplimiento de los siguientes objetivos:

1.    Adoptar un único conjunto de estándares de contaduría que procuren establecer las técnicas y metodologías esenciales reconocidas, aceptadas y aplicadas internacionalmente, y que permitan la adquisición de los conocimientos, el desarrollo de habilidades y la comprensión de los valores profesionales;

2.    Reconocer que uno de los objetivos de la profesión de contaduría es trabajar para lograr los más altos estándares de profesionalismo, para obtener altos niveles de productividad y para satisfacer las necesidades de interés público relacionadas con la fiabilidad, el profesionalismo y la calidad del servicio; y,

3.    Asegurar que la profesión sea ejercida de acuerdo con estándares éticos, técnicos y de calidad reconocidos internacionalmente y que las medidas relativas a las prescripciones y procedimientos en materia de licencias, las normas técnicas y las prescripciones y procedimientos en materia de títulos de aptitud, no constituyan obstáculos innecesarios al comercio de servicios profesionales relativos a la profesión de contaduría.

Artículo 21.            Requisitos para la adopción de los estándares internacionales de contaduría: Para la adopción de un estándar internacional relacionado con contaduría, es necesario que el estándar cumpla con los siguientes requisitos:

1.    Que el estándar reconozca la diversidad de sistemas de educación y las condiciones sociales y económicas de los países miembros de la comunidad internacional, así como la variedad de funciones asignadas a los contadores, para lo cual deberá establecer los elementos esenciales sobre los cuales se desarrollen los programas académicos y las prácticas que deberán cumplir todos los contadores;

2.    Que el estándar internacional reconozca los principios de integridad, objetividad, competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad, y comportamiento profesional, que garanticen el adecuado desarrollo profesional de la contaduría;

3.    Que, el estándar reconozca que los efectos de la expansión del comercio de servicios no pueden disminuir los niveles de calidad e idoneidad de la práctica de servicios relacionados con la contaduría; y,

4.    Que, fruto de la deliberación, reflexión e intercambio de opiniones sobre el estándar internacional con las partes involucradas, el organismo nacional competente para determinar la adopción concluya que favorece el interés público y por lo tanto procede su adopción.

Artículo 22.            Autonomía universitaria: La adopción de estándares internacionales de contaduría respetará la autonomía universitaria. En consecuencia, corresponderá a las universidades diseñar los planes de estudio que regirán su actividad académica y determinar la forma como con ellos se satisfacerán las exigencias mínimas previstas en los estándares internacionales de contaduría reconocidos en los términos de la presente ley. El organismo nacional competente para determinar la adopción del estándar internacional de contaduría no podrá interferir en los aspectos académicos o de orientación ideológica de las universidades.

Artículo 23.            Contador Profesional Acreditado: Será Contador Profesional Acreditado (CPA) la persona natural o jurídica que, mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los términos de la presente ley, actúe en ejercicio profesional público o privado de la profesión de contaduría.

Se entiende por ejercicio profesional público el ejercicio de la profesión de contaduría en el cual los elementos esenciales del contrato de prestación de servicios son, de un lado, la independencia entre quien presta el servicio y quien lo contrata y, de otro, la primacía del interés público sobre el particular. El contador profesional acreditado en ejercicio profesional público estará obligado a acompañar su nombre y firma o incluir en su razón social o nombre comercial la denominación de “Contador Profesional Acreditado Público”; ninguna otra persona o entidad podrá utilizar tales denominaciones o cualquier otra que induzca a confusión con la misma.

Se entiende por ejercicio profesional privado el ejercicio de la profesión de contaduría en el cual no se requiere de independencia entre quien presta el servicio y quien lo contrata como elemento de la esencia del contrato de prestación de servicios o del contrato de trabajo, sea que se realice en los sectores de servicios, industria, comercio, público, de educación, entre otros. El contador profesional acreditado en ejercicio profesional privado deberá acompañar su nombre y firma o incluir en su razón social o nombre comercial la denominación de “Contador Profesional Acreditado Privado”; ninguna otra persona o entidad podrá utilizar tales denominaciones o cualquier otra que induzca a confusión con la misma.

Parágrafo: El uso de la denominación a que se hace referencia en los incisos segundo y tercero del presente artículo impone las obligaciones implícitas en la misma y quien actúe en una y otra forma frente a diferentes clientes no podrá eludirlas amparándose en la denominación utilizada.

Parágrafo transitorio: El contador público reconocido en los términos de la Ley 43 de 1990, o en disposiciones anteriores a la entrada en vigencia de la presente ley, tendrá, por ministerio de esta Ley, la calidad de Contador Profesional Acreditado con todos sus derechos y obligaciones.

Artículo 24.            Inscripción del Contador Profesional Acreditado: La inscripción del Contador Profesional Acreditado se comprobará por medio de una tarjeta profesional, que será expedida de conformidad con la presente Ley. La persona que desee acreditar su competencia profesional mediante la inscripción como Contador Profesional Acreditado, deberá cumplir con las siguientes condiciones:

1.    Será inscrita como Contador Profesional Acreditado la persona natural que reúna los siguientes requisitos:

a)    Título profesional universitario en contaduría obtenido en una universidad debidamente reconocida y autorizada por el Gobierno Nacional;

b)    Experiencia de un (1) año en actividades relacionadas con la investigación contable o la práctica empresarial o práctica contable; y,

c)    Haber aprobado el examen de Estado que será aplicado por el organismo gubernamental competente.

Parágrafo 1: Conservan vigencia las inscripciones realizadas y las tarjetas profesionales expedidas por la Junta Central de Contadores con anterioridad a la vigencia de la presente Ley.

Parágrafo 2: La Superintendencia de Sociedades expedirá automáticamente nuevas tarjetas profesionales de Contador Profesional Acreditado a los contadores profesionales acreditados que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley tengan vigente la tarjeta profesional otorgada por la Junta Central de Contadores.

Parágrafo 3: El Gobierno Nacional diseñará el método más apropiado para comprobar que el profesional extranjero cumple con los requisitos señalados en el presente numeral para acreditarse como Contador Profesional Acreditado, para lo cual podrá aceptar títulos o certificaciones expedidos por otros países. Una vez acreditado, el extranjero ejercerá en el país con las mismas garantías de las cuales goza el profesional colombiano.

2.    Será inscrita como Contador Profesional Acreditado la persona jurídica que reúna los siguientes requisitos:

a)    Constituirse como persona jurídica que contemple como objeto principal la prestación de servicios relacionadas con el ejercicio de la profesión de contaduría; y,

b)    Haber aprobado la evaluación de su sistema de control de calidad del ejercicio de la profesión de contaduría como persona jurídica, realizado por la Superintendencia de Sociedades, o por el ente a quien ésta designe, de conformidad con lo señalado en el artículo 17 de la presente ley.

Las funciones correspondientes a la ejecución de trabajos propios de la contaduría de la persona jurídica que se acredite como Contador Profesional Acreditado deberá recaer en personas naturales que se encuentren inscritas como contadores profesionales acreditados. El Contador Profesional Acreditado que haya sido sancionado con la suspensión o cancelación de su inscripción para el ejercicio de la profesión no podrá ejecutar trabajos propios de la contaduría en la persona jurídica que se acredite como Contador Profesional Acreditado. Esta inhabilidad se mantendrá durante todo el tiempo que dure la sanción.

La inscripción del Contador Profesional Acreditado como persona jurídica deberá ser renovada cada cinco (5) años contados a partir de la expedición de la respectiva acreditación, según el procedimiento que para tal fin expida la Superintendencia de Sociedades. En todo caso, la persona jurídica que sea inscrita como Contador Profesional Acreditado deberá mantener un adecuado sistema de control de calidad durante todo el tiempo de su licencia.

Cuando un Contador Profesional Acreditado como persona jurídica no apruebe la evaluación del sistema de control de calidad a que se hace mención en el literal b) del presente numeral, tendrá seis (6) meses más para volverla a practicar y aprobarla, manteniendo durante este lapso su condición profesional. En el evento de no aprobar la evaluación por segunda vez, quedará automáticamente suspendida su tarjeta profesional y no podrá ejercer como Contador Profesional Acreditado hasta que logre dicha acreditación.

La Superintendencia de Sociedades expedirá nuevas tarjetas profesionales de Contador Profesional Acreditado como persona jurídica a las sociedades de contadores que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley tengan vigente la inscripción ante la Junta Central de Contadores, siempre y cuando cumplan con la evaluación del control de calidad mencionado en el literal b) del presente numeral. Sin embargo, deberán someterse a la renovación a que se hace mención en el inciso anterior.

Parágrafo transitorio 1: La Superintendencia de Sociedades, o el ente a quien ésta designe, deberá establecer las directrices para la evaluación de los sistemas de control de calidad para los contadores profesionales acreditados como persona jurídica, dentro del año siguiente a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. El vencimiento del término no implicará la pérdida de competencia, pero será considerado como causal de mala conducta, independientemente de que la facultad haya sido designada a un tercero.

Parágrafo transitorio 2: Mientras la Superintendencia de Sociedades, o el ente a quien ésta designe, establece las directrices y realiza la evaluación de los sistemas de control de calidad del Contador Profesional Acreditado como persona jurídica; las sociedades de contadores que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley tengan vigente la inscripción ante la Junta Central de Contadores podrán continuar prestando sus servicios. Las nuevas personas jurídicas que deseen prestar servicios de contaduría podrán acreditarse ante la Superintendencia de Sociedades con el cumplimiento de los requisitos anteriormente señalados por la Junta Central de Contadores para tales efectos, los cuales deberán respetar los principios señalados en la presente ley.

Artículo 25.            Contador Profesional Acreditado Público: En atención al interés público que reviste el ejercicio de la profesión de contaduría como Contador Profesional Acreditado Público, la persona que acredite tal calidad, deberá atender las siguientes reglas:

1.    El Contador Profesional Acreditado Público cumplirá con las funciones de auditoría atendiendo los estándares internacionales de auditoría adoptados en los términos de la presente ley y garantizará una independencia que justifique la confianza pública en la fiabilidad de sus informes.

2.    Con base en las conclusiones obtenidas en su labor de auditoría, el auditor deberá expresar en el informe de auditoría, de manera clara y escrita, su opinión en relación con los estados financieros considerados en su totalidad, expresando con claridad si tales estados financieros están libres de errores materiales. Así mismo, deberá indicar si tales estados financieros son preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con los estándares internacionales adoptados según la presente ley. La opinión del auditor deberá proveer un alto más no absoluto grado de aseguramiento expresado positivamente en su informe de auditoría.

3.    El Contador Profesional Acreditado Público que presta sus servicios en un ente económico del nivel 1 de escalabilidad como persona jurídica y que no apruebe la valoración del sistema de control de calidad a que se hace referencia en el literal b) numeral 2 del artículo 24 de la presente Ley, no podrá contratar con nuevos clientes del mismo nivel de escalabilidad dentro de los seis (6) meses siguientes de que dispone para volverla a presentar y aprobar, conforme el parágrafo 2 del numeral del mismo artículo.

4.    El Contador Profesional Acreditado Público que presta sus servicios en un ente económico del nivel uno de escalabilidad como persona natural, deberá renovar su tarjeta profesional cada cinco (5) años, o renovarla en la eventualidad que desee prestar sus servicios a uno de dichos entes en caso de haber transcurrido tal plazo.

Para ello el Contador Profesional Acreditado Público, no podrá tener suspendida o cancelada su tarjeta profesional, y adicionalmente deberá acreditar que durante los cinco (5) años inmediatamente anteriores a la solicitud de renovación de su tarjeta profesional, cumplió con alguno de las siguientes condiciones:

a)    Estudios universitarios de posgrado en un área relacionada con los servicios profesionales contables;

b)    Educación profesional continuada en áreas relacionadas con los servicios profesionales contables, con duración no menor a doscientas (200) horas académicas, certificada por una institución universitaria debidamente reconocida por el Estado, o por una asociación o agremiación profesional de contadores cuyo programa este debidamente acreditado ante el Estado; o,

c)    Presentación y aprobación del examen de Estado que será aplicado por el organismo gubernamental competente.

d)    Obtención de un grado de acreditación de las que se hace referencia en el artículo 17 de la presente ley, de tal forma que le permita prestar sus servicios en un ente económico del nivel uno de escalabilidad.

Cuando un Contador Profesional Acreditado Público como persona natural no cumpla con las condiciones para renovar su tarjeta profesional señaladas en el presente numeral, tendrá seis (6) meses más para cumplir con las condiciones, manteniendo durante este lapso su condición profesional. En el evento de no cumplir con las condiciones por segunda vez, quedará automáticamente suspendida su tarjeta profesional y no podrá ejercer como Contador Profesional Acreditado Público en entes económicos del nivel uno de escalabilidad hasta que logre dicha acreditación.

Sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones para la renovación de la tarjeta profesional, el Contador Profesional Acreditado Público que presta sus servicios en un ente económico del nivel uno de escalabilidad como persona natural deberá mantener un adecuado sistema de control de calidad durante todo el tiempo de su licencia.

Título III            

DEL GOBIERNO DE LA INDUSTRIA CONTABLE COLOMBIANA

Capítulo Uno       

DE LAS FUNCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL Y DEL COMITÉ SUPERIOR CONTABLE

Artículo 26.             Funciones de regulación contable del Gobierno Nacional: El Gobierno Nacional tendrá las siguientes funciones en relación con la adopción de estándares internacionales de contabilidad, auditoría y contaduría conforme la presente Ley:

a)    Adoptar, dentro de la esfera de su competencia y en los términos de la presente ley, los estándares internacionales que sean emitidos con posterioridad a la vigencia de la presente ley;

b)    Posponer la aplicación de algún estándar internacional, previa consulta al Comité Superior Contable, en los términos señalados en la presente ley. En ningún caso esta facultad la podrá ejercer en beneficio de un ente económico particular o para modificar estándar internacional alguno;

c)    Presentar ante los emisores de estándares internacionales las observaciones y comentarios fruto de la deliberación interna, en los términos de la presente ley;

d)    Participar en el debido proceso de la emisión de los estándares internacionales para reflejar la posición del Estado colombiano en los términos señalados en la presente Ley;

e)    Interpretar los estándares internacionales de contabilidad, auditoría y contaduría, así como las normas derivadas señaladas en el artículo 11 de la presente Ley. En todo caso la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) es el organismo competente para ilustrar al público sobre la aplicación supletiva de las normas contables en materia tributaria, respetando en todo caso el principio de independencia señalado en el numeral 2 del artículo 7 de la presente ley; y,

f)      Sugerir las modificaciones al pensum académico de la educación básica, media y de las instituciones de educación superior que faciliten el conocimiento de las normas básicas de la contabilidad.

Artículo 27.            Comité Superior Contable: El Comité Superior Contable tiene como objetivo apoyar al Gobierno Nacional en la orientación a los entes obligados a preparar, presentar y revelar información financiera en relación con la aplicación de los estándares internacionales de contabilidad, auditoría y contaduría, adoptados según lo estipulado en la presente ley. El Comité Superior Contable, cumplirá con las siguientes composición y funciones:

1.    Composición: El Comité Superior Contable sesionará por lo menos dos veces al año, o cuando lo cite el Gobierno Nacional, elaborará su propio reglamento y será presidido por el Ministro de Hacienda y Crédito Público o por el Viceministro a quien el Ministro de Hacienda y Crédito Público delegue para tal fin. El Comité estará integrada por los siguientes funcionarios:

a)    El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o el Viceministro a quien el Ministro designe para tal efecto;

b)    El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, o el Viceministro a quien el Ministro designe para tal efecto;

c)    El Superintendente Bancario;

d)    El Superintendente de Valores;

e)    El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios;

f)      El Director de Impuestos y Aduanas Nacionales; y,

g)    El Contador General de la Nación.

Parágrafo 1: El Comité Superior Contable podrá establecer en su reglamento la posibilidad de invitar a otras entidades a sus reuniones si a juicio de sus integrantes resulta necesario para el cumplimiento de sus objetivos o funciones. En todo caso, cuando en el Comité se traten temas relacionados con la auditoría para el sector gubernamental, el Contralor General de la República deberá ser invitado como uno de sus miembros.

Parágrafo 2: El Superintendente de Sociedades, o quien haga sus veces, tendrá derecho a participar en las reuniones del Comité Superior Contable, con voz pero sin voto.

2.    Funciones: El Comité Superior Contable tendrá las siguientes funciones:

a)    Promover la homogenización de las normas derivadas que se emitan por los entes de supervisión, de conformidad con la facultad establecida en el artículo 11 de la presente Ley;

b)    Solicitar al Gobierno Nacional, mediante acto motivado, que se posponga la aplicación de algún estándar internacional que, a su criterio, sea contrario al interés público, no cumpla con los fines, principios, objetivos y requisitos señalados en la presente ley o lesione de manera grave el conjunto de un sector económico. En ningún caso esta facultad la podrá ejercer en beneficio de un ente económico particular o para modificar estándar internacional alguno; y,

c)    Las demás establecidas en su propio reglamento.

Capítulo Dos        

DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTADOR PROFESIONAL ACREDITADO

Artículo 28.            Competencia: La Superintendencia de Sociedades ejercerá las funciones de supervisión de los Contadores Profesionales Acreditados en los términos señalados en la presente ley.

Artículo 29.            Funciones: En lo que respecta a la supervisión de los Contadores Profesionales Acreditados, la función básica de la Superintendencia de Sociedades será vigilar los procesos de acceso y mantenimiento en la profesión, de conformidad con los términos señalados en la presente ley. Para tales efectos, tendrá las siguientes funciones:

1.    Realizar la inscripción y renovación de la tarjeta profesional en los términos de la presente ley;

2.    Vigilar, de manera particular y específica, los auditores de estados financieros;

3.    Vigilar los procesos de acceso y mantenimiento en la profesión, así como el ejercicio profesional de los Contadores Profesionales Acreditados;

4.    Dar su opinión técnica para el diseño y la aplicación de los exámenes de acceso y actualización profesional que realice el organismo gubernamental competente;

5.    Evaluar los sistemas de control de calidad del Contador Profesional Acreditado como persona jurídica;

6.    Acreditar a los auditores de estados financieros en la calidad de sus servicios,

7.    Asesorar los entes gubernamentales en relación con la aplicación de los estándares internacionales de ejercicio de la contaduría;

8.    Actuar como consultor del gobierno en asuntos técnicos relacionados con el ejercicio de la contaduría pública; y,

9.    Las demás contempladas en la presente Ley.

Artículo 30.            Régimen sancionatorio: Quien incurra en las infracciones previstas en el presente artículo será sancionado de acuerdo con lo establecido en este artículo, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa que le corresponda por los mismos hechos.

1.    Infracciones: Se consideran infracciones las siguientes:

a)    La enajenación mental, la embriaguez habitual u otro vicio o incapacidad grave judicialmente declarado, que lo inhabilite temporalmente para el correcto ejercicio de la profesión.

b)    La violación manifiesta de las normas de ética profesional.

c)    No llevar o no revelar la información financiera en los términos señalados en la presente ley, o llevarla de forma que contenga vicios que impidan conocer la verdadera situación financiera del ente, o remitir a las autoridades públicas información financiera falsa, engañosa o inexacta.

d)    No cumplir con las funciones de auditoría atendiendo los estándares internacionales de auditoría adoptados en los términos de la presente ley.

e)    Desconocer flagrantemente las normas jurídicas vigentes sobre la manera de ejercer la profesión.

f)      Incurrir en violación de la reserva comercial de los libros, papeles e informaciones que hubiere conocido en el ejercicio de la profesión.

g)      Haber sido condenado por delito contra la fe pública, contra la propiedad, la economía nacional o la administración de justicia, por razón del ejercicio de la profesión.

h)    Haber ejercido la profesión durante el tiempo de suspensión de la inscripción.

i)      Haber obtenido la inscripción con base en documentos falsos, apócrifos o adulterados.

j)      Permitir el desarrollo de actividades contrarias a la ley o a la ética profesional por parte de los socios o dependientes del Contador Profesional Acreditado como persona jurídica por su culpa o dolo.

k)    Desarrollar el objeto social por parte del Contador Profesional Acreditado como persona jurídica sin cumplir los requisitos establecidos en la ley.

l)      Incumplir las normas sobre independencia, control de calidad, mecanismos de control interno, información privilegiada o divulgar indebidamente información sujeta a reserva; las normas sobre conflictos de interés señaladas en la ley o en normas que las desarrollen o complementen; incumplir los deberes profesionales.

m)  Utilizar cualquier denominación o signo distintivo, o cualquier palabra o locución, inclusive en lengua extranjera, que pudiera engañar o confundir sobre la legitimación para desarrollar actividades propias de los contadores profesionales acreditados.

n)    Realizar declaraciones o divulgar informaciones falsas, engañosas, inexactas o incompletas o expedir comunicaciones o certificaciones falsas o inexactas sobre la información financiera de los entes económicos o del sector público.

o)    Incumplir los deberes legales o contractuales de quien actúa en ejercicio profesional público o privado de la profesión de contaduría.

p)    Autorizar actos, ejecutarlos, cohonestarlos, o no evitarlos debiendo hacerlo, en contra de lo dispuesto en la presente ley o las normas que la desarrollen.

q)    Utilizar el nombre, la firma, la razón social o el nombre comercial de terceros para la realización de actividades para las cuales se requiere la acreditación como Contador Profesional Acreditado.

r)      Infringir las reglas contenidas en la presente ley, las normas que se expidan con base en la misma o los reglamentos aprobados por la Superintendencia de Sociedades.

2.    Principios: La Superintendencia de Sociedades en la aplicación de las sanciones orientará su actividad siguiendo los siguientes principios:

a)    Principio de contradicción según el cual la Superintendencia de Sociedades tendrá en cuenta los descargos que hagan las personas a quienes se les formuló pliego de cargos y la contradicción de las pruebas allegadas regular y oportunamente al proceso administrativo sancionatorio;

b)    Principio de proporcionalidad, según el cual la sanción deberá ser proporcional a la infracción;

Adicionalmente, la Superintendencia de Sociedades aplicará los principios orientadores de las actuaciones administrativas establecidos en el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo.

3.    Criterios para graduar las sanciones: Las sanciones por las infracciones señaladas en el numeral 1 del presente artículo, se graduarán atendiendo los siguientes criterios, los cuales serán aplicables simultáneamente:

a)    La dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por las normas relativas a la contabilidad, auditoría y contaduría;

b)    El beneficio económico que se hubiere obtenido para el infractor o para terceros, por la comisión de la infracción, o el daño que tal infracción hubiere podido causar;

c)    La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones;

d)    La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión de la Superintendencia de Sociedades;

e)    La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción, o cuando se utiliza persona interpuesta para ocultarla o encubrir sus efectos;

f)      El grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes;

g)    La renuencia o desacato a cumplir, con las recomendaciones impartidas por la Superintendencia de Sociedades;

h)    El reconocimiento o aceptación expresos que haga el investigado sobre la comisión de la infracción antes de la imposición de la sanción a que hubiere lugar.

Parágrafo: Para los efectos del presente artículo, se entenderá que hay reiteración cuando se cometan dos o más infracciones de la misma clase entre las cuales medie un período inferior a tres (3) años.

4.    Sanciones: Las siguientes son las sanciones que la Superintendencia de Sociedades podrá imponer a los Contadores Profesionales Acreditados:

a)    Amonestación o llamado de atención;

b)    Multa pecuniaria a favor del Tesoro Nacional: La Superintendencia de Sociedades podrá imponer multas a favor del Tesoro Nacional por cada infracción hasta de siete millones de pesos ($7.000.000,00) del año 2003 cuando se trate de personas naturales, o hasta de ciento treinta millones de pesos ($130.000.000,00) del año 2003 cuando se trate de personas jurídicas. Del mismo modo, podrá imponer multas por cada infracción hasta el doble del valor del perjuicio causado de ser superior a la cifra antes señalada.

c)    Suspensión o inhabilitación en el ejercicio de la profesión hasta por dos (2) años.

d)    Cancelación de la inscripción que lo acredita como Contador Profesional Acreditado.

e)    Remoción de los administradores, directores o representantes legales, en el caso de tratarse de un Contador Profesional Acreditado Público como persona jurídica.

Parágrafo 1: Las sumas indicadas en este numeral se ajustarán anualmente, en el mismo sentido y porcentaje en que varíe el Índice de Precios al Consumidor suministrado por el DANE.

Parágrafo 2: Las multas pecuniarias previstas en este artículo podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó. En el evento de infracciones continuadas la multa se impondrá tomando como referencia la suma de dinero actualizada a la fecha del último acto.

Parágrafo 3: Las sanciones previstas podrán aplicarse simultáneamente, siempre que su acumulación no pugne con su naturaleza.

5.    Intereses: A partir de la ejecutoria de cualquier resolución por medio de la cual la Superintendencia de Sociedades imponga una sanción y hasta el día de su cancelación, el Contador Profesional Acreditado sancionado deberá reconocer en favor del Tesoro Nacional un interés mensual equivalente a una y media veces (1.5 veces) el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Bancaria para el respectivo período, sobre el valor insoluto de la sanción.

6.    Procedimiento administrativo sancionatorio:

a)    Inicio de la actuación. La actuación administrativa para determinar la comisión de infracciones podrá iniciarse de oficio o a petición de parte.

b)    Actuación administrativa. Para la determinación de las infracciones administrativas los funcionarios competentes, en la etapa anterior a la formulación de cargos, practicarán las pruebas de acuerdo con las disposiciones que las regulen, respetando siempre los derechos fundamentales. El trámite posterior se sujetará a lo previsto de manera especial en este artículo y, en lo no regulado de manera especial, a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo.

A las actuaciones de la Superintendencia de Sociedades en esta materia no se podrá oponer reserva; sin embargo, los documentos que se obtengan seguirán amparados por la reserva que la Constitución y la ley establece respecto de ellos y quienes tengan acceso al expediente respectivo están obligados a guardar la reserva aplicable sobre los documentos que allí reposen.

c)    Divisibilidad. El procedimiento administrativo sancionatorio es divisible. En consecuencia, se podrán formular y notificar los cargos personales y los institucionales de manera separada e imponer las correspondientes sanciones en forma independiente. Sin embargo, cuando se trate de unos mismos hechos o de hechos conexos se procurará dar traslado a los investigados en forma simultánea, con el fin de poder confrontar sus descargos, precisando en cada caso cuáles cargos se proponen a título personal y cuáles a título institucional.

d)    Dirección para notificaciones. La notificación de las actuaciones adelantadas deberá efectuarse en la dirección del domicilio del investigado. Cuando no haya sido posible establecer la dirección del investigado, las actuaciones de la Superintendencia de Sociedades le serán notificadas por medio de publicación de un aviso en un diario de amplia circulación nacional.

Si durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionatorio el investigado o su apoderado señalan expresamente una dirección para que se le notifiquen las actuaciones correspondientes, la Superintendencia de Sociedades deberá hacerlo a esa dirección a partir de dicho momento y mientras el investigado o su apoderado, mediante comunicación escrita dirigida al funcionario bajo cuya competencia se adelante el procedimiento, no manifiesten el cambio de dirección específica anotada.

e)    Formas de notificación. Las notificaciones dentro de la actuación administrativa sancionatoria serán personales, por edicto, por aviso o por estado.

Las resoluciones de formulación de cargos, la que pongan fin a la actuación administrativa y las que resuelvan el recurso interpuesto contra éstas se notificarán personalmente, o por edicto si el interesado no compareciere dentro del término de los cinco (5) días siguientes al envío por correo certificado de la citación respectiva.

Los demás actos que se expidan se notificarán por estados. No obstante, cuando se trate de actuaciones de carácter personal respecto de quienes al momento de la notificación no ostenten la calidad de administrador de una persona jurídica acreditada como Contador Profesional Acreditado, la notificación del pliego de cargos se hará en forma personal, adjuntando copia del mismo y colocando a disposición del investigado en las dependencias de la Superintendencia de Sociedades los papeles de trabajo que la soporten, sin perjuicio de reseñar los medios de prueba distintos al informe de la evaluación y de los soportes que existieren.

En los casos en los que por carecerse de dirección conocida no pudiere efectuarse la notificación respectiva, procederá la notificación mediante aviso en un diario de amplia circulación nacional.

f)      Formulación de cargos. Si el funcionario competente considera que los hechos investigados constituyen una posible infracción administrativa, formulará los cargos correspondientes a los presuntos infractores mediante acto motivado, contra el cual no procede recurso alguno.

El acto de formulación de cargos deberá contener una síntesis de los hechos constitutivos de las posibles infracciones, de las pruebas allegadas hasta ese momento y de las normas que se estiman infringidas.

Tratándose de cargos fundados en la evaluación de sistemas de control de calidad, como síntesis de la prueba se dará traslado del informe, adjuntando copia del mismo, y poniendo a disposición del investigado en las dependencias de la Superintendencia los papeles de trabajo que lo soporten, sin perjuicio de reseñar los medios de prueba distintos al informe de la evaluación y de los soportes que existieren.

g)    Término de traslado del acto de formulación de cargos. El término de traslado del acto de formulación de cargos a los presuntos infractores será de treinta (30) días contados a partir del día siguiente a su notificación. Durante dicho término el expediente respectivo estará a disposición de los presuntos infractores en las dependencias del funcionario que hubiere formulado los cargos.

El traslado es la única oportunidad en que los presuntos infractores pueden presentar los descargos que consideren pertinentes. Durante este término podrán solicitar la práctica de pruebas, aportarlas u objetar las obtenidas antes de la formulación de cargos.

h)    Período probatorio. Las pruebas solicitadas se decretarán cuando sean conducentes, pertinentes y eficaces para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación. Se aceptarán las aportadas si llenan los anteriores requisitos. Se denegarán las que no los cumplan y se ordenará de oficio las que se consideren pertinentes, mediante acto motivado que señalará el término para su práctica, que no podrá exceder de tres (3) meses. La práctica de las pruebas comenzará a realizarse después de transcurridos cinco (5) días desde la fecha de notificación por estados del acto respectivo.

i)      Recursos contra el acto de pruebas. Contra el acto que deniegue total o parcialmente las pruebas solicitadas procede únicamente el recurso de reposición, ante el funcionario que lo dictó, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su notificación. Contra el que decrete todas las pruebas solicitadas no procederá ningún recurso; tampoco procederá ningún recurso en relación con las pruebas decretadas de oficio.

j)      Valoración probatoria. Las pruebas se valorarán en su conjunto conforme a las reglas de la sana crítica, atendiendo la naturaleza administrativa de la infracción y los principios señalados en el régimen sancionatorio.

k)    Recursos en vía gubernativa contra la resolución sancionatoria. Contra la resolución que imponga cualquier sanción procederá únicamente el recurso de apelación, ante el inmediato superior del funcionario que profirió el acto, el cual deberá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación. Contra la sanción prevista en el literal n) de este numeral, procederá únicamente el recurso de reposición. Respecto de las sanciones impuestas por el Superintendente de Sociedades procederá únicamente el recurso de reposición.

l)      Suspensión de términos. El término previsto para expedir y notificar la resolución que ponga fin a la actuación se suspenderá únicamente en los siguientes casos: i) Cuando se presente alguna de las causales de recusación o impedimento establecidas en el Código Contencioso Administrativo y en el Código de Procedimiento Civil respecto de alguno de los funcionarios que deban realizar diligencias investigativas, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas dentro del procedimiento administrativo. En este evento, el término de suspensión será igual al que se requiera para agotar el trámite de la recusación o impedimento, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Código Contencioso Administrativo. ii) Por el período probatorio de que trata el literal h) de este numeral, caso en el cual la suspensión se contará a partir de la ejecutoria del acto que resuelva sobre las pruebas en la actuación, y por el término que se señale para la práctica de las mismas.

m)  Renuencia a suministrar información. Las personas naturales o jurídicas que se rehúsen a presentar los informes o documentos requeridos en el curso de las investigaciones administrativas, los oculten, impidan o no autoricen el acceso a sus archivos a los funcionarios competentes, o remitan la información solicitada con errores significativos o en forma incompleta, serán sancionadas por el funcionario competente en la actuación respectiva con multa a favor del Tesoro Nacional de hasta diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de ocurrencia de los hechos que dan lugar a la sanción, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar por la comisión de infracciones administrativas.

n)    Procedimiento sancionatorio por renuencia a suministrar información. La sanción establecida en el numeral anterior se impondrá mediante resolución motivada, previo traslado de cargos a la persona a sancionar, quien tendrá un término de cinco (5) días para presentar sus descargos.

El acto de formulación de cargos se deberá notificar personalmente o por edicto, conforme el literal e) del presente numeral, dentro del mes siguiente a la fecha en que ocurrieron los hechos constitutivos de sanción.

La resolución que ponga fin a la actuación por renuencia deberá expedirse y notificarse dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del término para dar respuesta al pliego de cargos. Contra esta resolución procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su notificación y resolverse dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de su interposición.

Parágrafo. Esta actuación no suspende ni interrumpe el desarrollo del procedimiento administrativo que se adelante para establecer la comisión de infracciones administrativas.

o)    Prescripción de la acción de cobro. La acción de cobro por jurisdicción coactiva de las multas que imponga la Superintendencia de Sociedades para efectos de lo señalado en la presente ley prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de las providencias que las impongan. La prescripción podrá decretarse de oficio o a solicitud del deudor.

El término de prescripción de la acción de cobro se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago, caso en el cual empezará a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mismo mandamiento.

p)    Devolución de multas. En el evento en que el acto administrativo mediante el cual se haya impuesto por la Superintendencia de Sociedades una multa a favor del Tesoro Nacional sea declarado nulo por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y la multa ya hubiere sido consignada a favor del Tesoro Nacional, el Ministerio de Hacienda procederá a la devolución de la suma respectiva a la persona a cuyo favor se hubiere proferido la sentencia, lo cual se hará en la forma y términos previstos en la sentencia y en los artículos 176 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

q)    Remisión de obligaciones. Respecto del cobro coactivo de las multas impuestas por la Superintendencia de Sociedades a favor del Tesoro Nacional, procederá la remisión de obligaciones en los eventos, términos y condiciones y con los efectos previstos para las obligaciones tributarias en la legislación vigente.

La decisión se tomará mediante resolución motivada expedida por el funcionario investido de jurisdicción coactiva en la Superintendencia Bancaria, en la cual se ordenará la terminación y archivo del proceso.

7.    Caducidad: La facultad que tiene la Superintendencia de Sociedades para imponer sanciones caducará en tres (3) años contados de la siguiente forma.

a)    En las conductas de ejecución instantánea, desde el día de su consumación;

b)    En las conductas de ejecución permanente o sucesiva, desde la realización del último acto, y

c)    En las conductas omisivas, desde cuando haya cesado el deber de actuar.

Cuando en una misma actuación administrativa se investiguen varias conductas, la caducidad de la facultad sancionatoria de la Superintendencia de Sociedades se contará independiente para cada una de ellas.

La notificación del acto administrativo sancionatorio correspondiente interrumpirá el término de caducidad de la facultad sancionatoria.

8.    Proposición, trámite y efectos de los incidentes. Los incidentes de nulidad, recusación, impedimentos y denuncias de parcialidad, se propondrán y tramitarán de conformidad con lo establecido en el Código Contencioso Administrativo y en el Código de Procedimiento Civil.

Si prosperare una recusación contra un Superintendente Delegado o éste se declarare impedido, será el Superintendente de Sociedades quien designe su reemplazo. Cuando se tratare de este último, el reemplazo será designado por el Ministro de Hacienda y Crédito Público.

9.    Reserva: Las actuaciones que se surtan dentro de los procesos administrativos sancionatorios que adelante la Superintendencia de Sociedades, tendrán el carácter de reservadas frente a terceros. Las sanciones no serán objeto de reserva una vez notificadas.

Parágrafo: Las entidades de supervisión a quienes se les hayan asignado facultades sancionatorias sobre los Contadores Profesionales Acreditados o los auditores de estados financieros, las conservarán en relación con las infracciones que correspondan a cada una de sus ámbitos de competencia. En tales eventos, la Superintendencia de Sociedades solo será competente en la aplicación de sanciones de orden disciplinario.

Artículo 31.            Fuentes de ingreso: Los ingresos del Superintendencia de Sociedades, con destinación específica para la supervisión de los contadores profesionales acreditados, provendrán de las siguientes fuentes:

1.    Los que a la fecha de expedición de la presente ley tiene la Unidad Administrativa Junta Central de Contadores.

2.    Los que reciba fruto de la expedición y renovación de la tarjeta profesional de los Contadores Profesionales Acreditados.

3.    Apropiaciones presupuestales destinadas para el cumplimiento de las funciones señaladas en la presente Ley.

Artículo 32.            Solución de continuidad: Los procesos y actuaciones realizados en materia disciplinaria por la Junta Central de Contadores conservan su validez así como las tarjetas expedidas y las sanciones impuestas. A partir de la vigencia de la presente ley, la Junta Central de Contadores traslada a la Superintendencia de Sociedades todos sus bienes, recursos, información, procesos, actuaciones, documentos, archivos y relacionados, con destinación específica para la supervisión, vigilancia y disciplina de los Contadores Profesionales Acreditados.

Título IV          

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 33.            Revisoría Fiscal: Lo dispuesto en el presente artículo modifica la legislación y las reglamentaciones existentes en materia de revisoría fiscal, y se constituye en criterio básico para la interpretación y aplicación de las normas que sobre el respecto se mantienen.

El artículo 207 del Código de Comercio quedará así:

1.    En los entes económicos del nivel uno de escalabilidad, el auditor de estados financieros será designado directamente por el comité de auditoría, si lo hubiere, o en caso contrario por la asamblea de socios o accionistas y deberá reportarle a dicho comité. El auditor de estados financieros tendrá como función única realizar la auditoría de estados financieros y emitir el dictamen correspondiente según estándares internacionales de auditoría y el cual deberá contener una declaración explícita e inequívoca del cumplimiento con los estándares internacionales de auditoría.

Las entidades de inspección, vigilancia y control no le podrán asignar funciones adicionales al auditor de estados financieros, pero sí podrán requerirles para que les certifique información tributaria o financiera contenida en el sistema de información contable.

2.    En los entes económicos de los niveles dos y tres de escalabilidad, además de la función de auditar y dictaminar los estados financieros, el auditor de estados financieros podrá ejercer funciones de asesoría y consejería empresarial orientadas, en todo caso, al fortalecimiento organizacional y de gestión financiera del ente económico. En caso que el auditor de estados financieros ejerza funciones adicionales:

a)    Su dictamen deberá contener una declaración clara e inequívoca de que la auditoría de estados financieros que realiza no es independiente y no cumple estándares internacionales de auditoría.

b)    Este hecho no se considera violación de las normas profesionales colombianas.

c)    Las entidades de inspección, control y vigilancia le podrán requerir para que les certifique información tributaria o financiera contenida en el sistema de información contable.

Parágrafo: En los entes económicos en que sea meramente potestativo el cargo de auditor de estados financieros, éste ejercerá las funciones que expresamente le señalen los estatutos o los organismos directivos, con el voto requerido para la creación del cargo. A falta de estipulación expresa de los estatutos y de instrucciones concretas de los organismos directivos, ejercerá las funciones indicadas en este artículo. No obstante, si no es Contador Profesional Acreditado, no podrá autorizar con su firma estados financieros, ni dictaminar sobre ellos.

Artículo 34.            Traducción oficial: La versión oficial de los estándares internacionales de contabilidad, auditoría y contaduría, deberá ser en idioma castellano y corresponderá a la autorizada por el Gobierno Nacional, el Contador General de la Nación o el Contralor General de la República, de conformidad con los términos de la presente ley.

Para estos efectos se autoriza al Gobierno Nacional para que acuerde con los emisores de los estándares reconocidos en el artículo 8, y los que los reemplacen en el futuro, la promulgación de los estándares internacionales, su traducción, licenciamiento y divulgación.

Artículo 35.            Plazos para el ajuste: Los entes económicos y del sector público deberán presentar estados financieros preparados según estándares internacionales de contabilidad, por contadores que satisfagan estándares internacionales de contaduría y auditados según estándares internacionales de auditoría; a partir de las siguientes fechas:

1.    Para los entes del nivel 1: En cada ejercicio financiero que comience a partir de enero de 2006 inclusive.

2.    Para los entes del nivel 2: En cada ejercicio financiero que comience a partir de enero de 2007 inclusive.

3.    Para los entes del nivel 3: En cada ejercicio financiero que comience a partir de enero de 2008 inclusive.

Parágrafo 1: Los entes económicos y del sector público que así lo consideren, podrán adoptar los estándares internacionales de contabilidad, auditoría o contaduría a partir de la vigencia de la presente ley, cumpliendo con los requisitos de revelación expresa, conforme estándares internacionales.

Parágrafo 2: En todo caso, el Gobierno Nacional podrá postergar el plazo a que se hace mención en este artículo adicionándolo por un año más, cuando considere que tal medida favorece el interés público en la adopción de los estándares de contabilidad, auditoría y contaduría.

Artículo 36.            Apropiaciones y traslados presupuestales: El Gobierno Nacional incluirá en el proyecto de presupuesto de gastos correspondientes a cada vigencia, las partidas indispensables para sufragar las que demande el cumplimiento de la presente ley, así como también estará autorizado para hacer los traslados presupuestales necesarios para dar cumplimiento a la presente ley.

Artículo 37.            Régimen de transición normativo: Mientras se emite la regulación por parte del Gobierno Nacional y de los organismos nacionales competente para determinar la adopción de los estándares internacionales, continuará vigente la normatividad actual. La normatividad emitida en cumplimiento de lo preceptuado en esta Ley, deberá procurar señalar de manera expresa la normatividad que se deroga.

Artículo 38.            Derogatorias: Con la entrada en vigencia de la presente ley, se suprimen las siguientes entidades, así como las unidades administrativas si fuere el caso: el Consejo Técnico de la Contaduría, el Consejo Permanente para la Evaluación de las Normas de Contabilidad y la Junta Central de Contadores.

En virtud de la vigencia de la presente ley, se derogan las siguientes normas, así como las disposiciones que las hayan modificado:

Parágrafo: Las expresiones “revisoría fiscal” o “revisor fiscal” que se encuentren contenidas en normas vigentes se entenderán sustituidas por las expresiones “auditoría de estados financieros” o “auditor de estados financieros” respectivamente.

Artículo 39.            Vigencia de la presente ley: La presente Ley rige a partir de la fecha de promulgación. Los entes económicos y del sector público deberán presentar estados financieros preparados según estándares internacionales de contabilidad, por contadores que satisfagan estándares internacionales de contaduría y auditados según estándares internacionales de auditoría; conforme el plazo señalado en el artículo 35 de la presente Ley.